Fundación Eutopía tiene entre sus objetivos, impulsar una nueva regulación para el cannabis en Chile, a través de información que aporte a la reeducación de las personas respecto al uso de sustancias en todas sus formas. Claudio Venegas es el director ejecutivo de la fundación y en esta oportunidad hablamos sobre la situación del consumo de marihuana en Chile, las realidades legislativas en otros países, cómo se ve el tema frente a una nueva constitución, entre otras cosas. Te invitamos a leer esta entrevista.
Por Denisse Reyes
1- ¿Qué hizo posible la legalización de la marihuana en Uruguay?
Hay tres elementos claves en el proceso uruguayo. Primero, es el trabajo de la sociedad civil. Los avances que han habido, en ninguna parte ha sido gracias a los gobiernos. Es un trabajo extenso y de larga data de la sociedad civil, trabajo que consideró al mundo político formal. Lo que nos hace pasar al segundo elemento clave que es la voluntad política. Y como tercer punto clave está la tradición progresista de Uruguay. Es uno de los primeros paises con aborto legalizado, con matrimonio igualitario. Son un pueblo que se mueve mucho por el sentido común yo creo.
2- ¿Qué otros países son considerados como ejemplos de legislaciones avanzadas en estos temas? ¿Qué características tienen?
Hay solo tres países en el mundo que han legalizado todos los aspectos relacionados al cannabis: Uruguay, Canadá y México. Después de eso hay un montón de otros lugares que tienen legislaciones muy buenas, pero son parciales. Portugal es un ejemplo de esto. Allá no está despenalizada la marihuana, pero se adecuó toda la regulación para hacer un trabajo mucho más sensato, de no persecución criminal y concentrado en educación, en políticas de reducción de riesgo y daño. Oregón despenalizó el uso de todo tipo de sustancias, no solo del cannabis. Los países que avanzan son los que tratan de distinguir y discriminar entre sustancias, entre las prácticas de uso y regularlas en base a una educación de la sociedad en general. Sacar a las drogas del campo penal y ponerlo en el ámbito sociosanitario y educacional.
3- ¿Qué tan cerca o lejos estamos de que se replique la legalización en Chile?
En Chile no hay nada que legalizar, porque ya es legal. El uso medicinal es legal en determinadas circunstancias, cuando es en base a un tratamiento. El cultivo para el uso personal también es lícito. Tenemos dos problemas. Uno, hay que despenalizar prácticas asociadas a esa legalidad, como por ejemplo, portar sustancias. Puedo consumirlas, pero no puedo comprarlas, no puedo andar trayendo ¡Me queda la generación espontánea! En Chile por suerte no es un problema de legalidad, es un problema de despenalización. Están penalizadas una serie de conductas asociadas a un derecho legal. Hay un vacío entre el marco jurídico y la aplicación de la ley. Falta claridad. Esto permite una verdadera pesca de arrastre (se detienen usuarios y narcotraficantes sin distinción). No hay un trabajo de inteligencia. Partamos por distinguir cuales son esas prácticas de usuarios, pongamosle gramos, metros, cantidades, etc. Entonces que se replique en Chile va a depender del trabajo que pueda desarrollar la sociedad civil. Hay que hacer un trabajo hacia la sociedad. La única manera de que nuestras autoridades nos tomen en cuenta es que nosotros logremos que ese mayoritario apoyo que hay hacia una nueva regulación se traduzca en acciones concretas. Lo que hay que hacer ahora, ya no es el activismo que desarrollamos en estos quince años, del 2005 a la fecha: las marchas. No digo que no haya que hacer marchas, pero ahora hay que hacer un trabajo político, técnico y profesional.
4- De la forma más simple posible, ¿en qué consiste la ley 20.000?
Esta ley protege el bien jurídico de la salud pública. Pretende regular el uso,
producción y distribución de sustancias que están sujetas a bajo control. Establece sanciones, cuando se puede o no se puede, qué sanciones tienen las personas que transgreden estas normativas. El bien jurídico protegido es la salud pública, no el narcotráfico. Esto último es una bajada de la ley. Si en el ejercicio de mi libertad personal estoy consumiendo cualquier sustancia, cannabis u otra y no hay daño a terceros, no hay entonces ninguna transgresión a la salud pública. Cuando salgo a comprar puedo estar dañando la salud pública porque estoy haciendo parte de la cadena del tráfico aunque sea en calidad de usuario. Cuando la uso no estoy transgrediendo el bien jurídico protegido, pero no me dan ninguna alternativa para poder hacerlo sin transgredir alguna otra normativa. Esta ley hizo la distinción entre tráfico y microtráfico, pero no hay en ninguna parte las especificaciones que permitan saber cuándo se está cometiendo delito.
5- ¿En qué está la Ley Anti Narcos? ¿Qué es lo que se viene?
Sigue su discusión en la comisión de constitución. Hoy se están discutiendo las indicaciones del proyecto de gobierno más los reclamos que han hecho algunos diputados. Yo creo que no nos irá bien en esta comisión, pero hay que insistir en el trabajo. Luego viene la Cámara de Diputados, ahí hay que poner los dardos. No sé qué tanto vamos a lograr, venimos de un proceso de rearmarse políticamente (retomar el camino). Vamos a tener que correr más rápido, meterle presión a la Cámara de Diputados para que retome nuestras indicaciones e ir por más. Porque aunque ganemos lo de las indicaciones, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. A lo que hay que avanzar es a una regulación integral en torno al cannabis.
6- A nivel histórico, ¿cuáles han sido las fases de legalidad e ilegalidad que ha tenido el cannabis en Chile?
Durante la colonia, acá se producía y distribuía cáñamo a las otras colonias españolas. Chile tiene ventajas climáticas naturales que favorecen su plantación. En nuestro país, hasta los años 50’ había fumadores de opio en el centro de Santiago y era el cuarto o quinto productor de cáñamo para uso industrial a nivel mundial. Durante la dictadura, hubo algunas reformas legales. Curiosamente era legal cultivar, pero no porque fueran buena onda, sino porque estaban preocupados de desaparecer gente. Después, en un intento de ponerse al día, con la vuelta a la democracia se promulgó la Ley 20.000 en el 2005. Ahí se dispararon las detenciones. En ese mismo año salió la revista Cáñamo y también realizamos la primera marcha por una nueva política de drogas y una nueva regulación para el cannabis lo que marcó el inicio del activismo en Chile. De no haber ocurrido esto probablemente seríamos un verdadero estado islámico en estas materias, porque si no era desde la sociedad civil, ¿quién iba a hacerlo? ¿Los políticos? Tanto la izquierda como la derecha son conservadoras en estos temas. De hecho fue en el 2008, en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se puso la marihuana en la lista 1 de drogas sin ningún respaldo científico. Posteriormente hubo un buen trabajo de Fundación Daya, luego hubo una especie de estancamiento y ahora nos encontramos en una nueva arremetida para volver a endurecer las penas, como la Ley Anti Narcos.
7. ¿Qué consecuencias y/o efectos (sociales, penales, medicinales, económicos, etc) podría traer la regulación y legalización de la marihuana en el país?
Hay que mirar esto como una política pública, con la actual legislación la salud de la población no está más protegida, no hay menos consumo ni sustancias de mejor calidad, no hay menos tráfico, no hay menos delincuencia, no hay nada. Es un fracaso tras otro. Hay que cambiar. Reconocer que este modelo fracasó. Una nueva regulación traería beneficios hipotéticos como el poder ordenar algo que ya es lícito, tener un mayor control del tráfico de cannabis, dar mayores garantías y seguridad civil, legal y médica para los usuarios y concentrar los esfuerzos en reeducación para la población. Además, las policías podrían enfocarse en otras cosas y eso libera recursos humanos, técnicos y públicos. Al regular esta industria, se gana en términos de empleo, tributación, en impuestos, gana el mismo sistema. La plata ganada puede invertirse en educación y prevención del consumo en niños y adolescentes. Los beneficios son múltiples. Es difícil hacerlo más mal de lo que se ha hecho hasta ahora.
8- ¿Qué es lo que se espera frente a una nueva constitución?
Hay dos elementos que fortalecer en materia de constitución. Una nueva constitución debe hacer un rayado de cancha macro donde podamos avanzar en estos temas y no que esta nos inhiba el poder hacerlo. En el caso del cannabis, la idea es garantizar el derecho a la salud como un derecho social y el derecho a prácticas de salud que no son las tradicionales como la de los pueblos originarios y lo otro y lo principal a mi gusto es garantizar el respeto por la autonomía de las personas, el ejercicio de la libertad individual sin dañar a terceros. Aquí entran temas como el matrimonio igualitario, el aborto, etc. Mientras no haya daño a terceras personas de ahí para abajo todo debe ser permitido.
9- ¿Cuáles son las principales políticas públicas sobre drogas en Chile?
No hay ninguna política pública muy destacada. Tienen los típicos programas de tratamientos, kits de prevención para los colegios, pero es lo mismo que vienen haciendo hace mucho rato. No hay ninguna cosa ni novedosa ni potente en materia de políticas públicas sobre drogas, no hay y debería haberlas. Quizá lo más parecido a una política pública son los narco test, pero estos solo detectan presencia. Es decir, yo puedo dar positivo habiendo consumido tres días atrás y no cuando estoy manejando en ese momento.
10- ¿Por qué la actual legislación posee ambigüedades que están sujetas a la interpretación de los organismos policiales/judiciales? ¿Sucede esto con todas las leyes?
Esto pasa en general con muchas leyes sino con todas y tiene que ver con cómo se discuten. Metodológicamente es una locura la forma de discutir. Van en bloque, dicen que sí, porque el otro dijo que no y es del otro bando, se dan vuelta la chaqueta, se pasan cuenta entre ellos, etc. Entonces al final salen unos engendros alucinantes, pero no sería tan terrible si después de salir las leyes, los distintos estamentos y autoridades asociadas a esas leyes se encargaran de dar claridad sobre los criterios. Nosotros podríamos tener una nueva regulación sobre cannabis sin cambiar ninguna "coma" a la ley. bastaría con que la fiscalía dijera, de hecho algunos fiscales para ser más precisos, no la fiscalía: “Okey señores policías, aquí está la ley. Nosotros nos vamos a preocupar de las personas que tengan de 10 plantas hacia arriba y ustedes preocúpense de las personas que anden con más de 30 gramos”. Algo como esto lo podrían hacer, es facultad de ellos, pero no lo hacen. Aquí volvemos a la madre del cordero que es la falta de voluntad política. También hay una ineficiencia nuestra al momento de ganar posiciones políticas en esta materia.
11- En caso de aparentemente estar siendo acusado de forma injusta ¿A qué personas o instituciones se puede recurrir para recibir orientación al respecto?
La Defensoría Penal Pública es quien debe defender a todo chileno que no pueda costear un abogado, pero aquí hay muchos abogados y a veces no se les explica bien a las personas y estas terminan asumiendo delitos que no cometieron. Daya presta orientación legal a los usuarios medicinales. También está la Defensoría Penal Cannábica, compuesta por abogados que pretenden ayudar en este tema. Y prontamente, como Fundación Eutopía vamos a abrir un canal de asistencia legal. Lamentablemente no hay mucho. Por lo menos ahora hay muchos más abogados dispuestos a darte orientación porque saben que la persecución a las personas usuarias es una aberración jurídica.
12- Chile es el tercer país del mundo con mayor consumo de cannabis ¿Qué tan urgente y necesaria es su regulación y/o legalización?
Es urgente, porque todo esto es ineficiente. Hay costos en libertad, hay costos económicos para el Estado y porque estamos perdiendo la oportunidad de volvernos una potencia en esto. Así de urgente es. Esto va a ocurrir, es cuestión de tiempo. Ya está Uruguay, ahora México, incluso con los problemas de narcotráfico que tiene este país. También está Canadá, un país del G8 (un grupo de países con economías industrializadas). Más de la mitad de los estados de Estados Unidos con regulaciones del uso recreacional y/o medicinal. Está Oregón que despenalizó el uso de todo tipo de sustancias. El mundo va para allá. Alemania, Israel, hasta Tailandia, que tiene legislaciones super duras, tiene el uso medicinal regulado. Nosotros tenemos la oportunidad de regular de una forma única. Se pueden establecer una economía circular, empresas b (un tipo de empresa que utiliza la rentabilidad del mercado con el fin de dar soluciones sociales y ambientales) en las cuales se puedan establecer sueldos mínimos éticos para quienes trabajen en esta industria y fijar estándares de desarrollo propios de países de primer mundo. Que los impuestos vayan destinados a prevención por ejemplo. Se pueden hacer cosas super bonitas. Si no lo hacemos nosotros van a venir desde afuera, nos harán cultivar la marihuana, nos la van a comprar y ellos nos venderán cajetillas mientras se hacen millonarios.
13- ¿Qué pretende lograr la Ley Cultivo Seguro?
Básicamente ordenar algo que ya es legal. En Chile el consumo de cannabis medicinal es lícito, pero hay un vacío entre lo que dice la ley y la bajada, es decir lo que le llega al carabinero y al fiscal. La Ley Cultivo Seguro no está introduciendo ninguna modificación radical ni revolucionaria, sino que está proponiendo que algo que ya es legal se ordene: establecer una manera de obtener la receta médica, una forma de cultivar o conseguir los aceites, etc. Pretende garantizar y resguardar el derecho que tienen esas personas (usuarios medicinales) a usar tratamientos en base a cannabis para las dolencias que le hayan sido indicadas.
14- ¿Existe alguna estrategia para poner en boga una futura legislación de consumo legal en todas sus esferas? ¿Qué es lo que hace falta?
Diseñamos un plan que tiene como objetivo construir una nueva regulación integral que incluye el uso personal para cualquier fin : medicinal, recreacional, espiritual, etc. La idea es que apunte a regular el mercado y a desarrollar un polo de desarrollo respecto a la industria del cáñamo. Para esto tenemos que hacer un trabajo político técnico serio. Por ejemplo, no basta con que la revista Cáñamo hable de los beneficios tributarios de una futura regulación, hay que costear estudios respecto al tema, hacer campañas de comunicación social a la población, hacer mesas de diálogo políticas y técnicas con los empresarios, con las autoridades, con la iglesia, con quien haya que hacerlas. Tenemos un plan que incluye los estudios, la mesa de diálogo y comunicación, campañas de comunicación social hacia la comunidad en general. Es muy parecido al trabajo que se hizo con el proyecto del aborto en tres causales, es la misma estrategia básicamente. La gente vio la discusión formal, pero hay todo un trabajo detrás y el primer paso de ese trabajo ya lo empezamos con el estudio sobre una nueva regulación que arrojó datos increíbles. Hay cuatro millones de usuarios mayores de edad, un tercio de la población en Chile fuma consume marihuana. Esto no es una pelea para los convencidos, es para los que hay que convencer.
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